Los antecedentes históricos nos sitúan en el Decreto Supremo de 25 de octubre de 1830 firmado por el Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana mediante el cual se crea la Universidad Menor de La Paz, que diez meses después se eleva a rango de Universidad Mayor de San Andrés de La Paz de Ayacucho por Decreto Supremo de 13 de agosto de 1831. La flamante Universidad se funda con cinco Facultades:

  •     Derecho Público, Jurisprudencia o Derecho Patrio
  •     Ciencias Eclesiásticas
  •     Medicina
  •     Matemáticas
  •     Lenguas, Bellas Artes, Literatura y Filosofía

Durante este período de la República, la Universidad se encuentra sometida al Estado para fortalecer la organización gubernativa en la nueva estructura política. Era una dependencia más en el sistema educativo del país y una repartición burocrática cuyos cargos se daban como premio a la obsecuencia política. Frente a este centralismo estatal se plantea la autonomía.

Recién en 1872 durante la presidencia de Tomás Frías se plantea una Universidad "libre, no oficial, no pagada, no alterable, "adlibitum" por los gobiernos". La idea de la independencia Universitaria vuelve a plantearse después, en 1889, por Valentín Abecia, quien postula que Bolivia "debe presentarse como la precursora ideológica de las conquistas autonomistas".

El Movimiento Reformista (1918) de Córdova cuyo reflejo continental se expresa años después en nuestro país, a partir de un manifiesto de los estudiantes de Chuquisaca en 1924. Un año después, celebrando el centenario de la República, toma mayor cuerpo la idea uniforme de la Autonomía Universitaria, pero pese al gran movimiento de opinión estudiantil corroborado por autoridades universitarias y pedagógicas de la valía de Daniel Sánchez Bustamante, faltaba aún la concreción histórica que debía dar la Universidad, no sólo el instrumento del gobierno propio, sino los fines de ese gobierno; faltaba definir el rol histórico de la Universidad y señalar su misión social y nacional.

Este vacío vino a cubrir la primera Convención Nacional de Estudiantes de 1928. Esta define un cuadro de 10 políticas que tienen base doctrinal en el socialismo, el anticlericalismo, el nacionalismo, el federalismo y el patriotismo reintegracionista.

El Referéndum de 1931 y su Decreto Ley consagraron la autonomía de las universidades. El texto constitucional sólo contenía alcances técnico administrativos. La complementación económica fue emprendida por la Junta de Gobierno que establece el patrimonio universitario, con sus bienes y sus rentas disponiendo una participación tributaria sobre impuestos departamentales. La Reforma Constitucional de 1938, durante el gobierno de Germán Busch le da a la autonomía categoría constitucional, tal como está establecida en la actualidad.

Entre los años de 1955-56 se planteó el asalto e intervención de las universidades cancelando la autonomía, en nombre de la toma por el pueblo de "aquellos recintos de la burguesía". Posteriormente, en octubre de 1957, el Primer Congreso Extraordinario de Universidades formuló una nueva Declaración de Principios que establecía su posición a la intervención del gobierno de turno. El intento de intervención y cancelación de la autonomía fue superado imponiéndose nuevamente la institucionalidad de la autonomía como reflejo de una universidad democrática popular y pluralista.

De los años 1960 al 1970, las revoluciones y contrarrevoluciones producidas no afectaron la marcha de la Universidad boliviana que toma el papel de depositaria de la esencia de la nacionalidad y la defensora del pueblo, asumiendo un carácter popular, llegando a aseverar en la Asamblea de 1971 que "debe estar subordinada a los intereses del proletariado y de las grandes mayorías campesinas. Tradicionalmente ha cumplido un papel contestatario en los períodos de las dictaduras militares y ha sido el semillero de líderes políticos.

Desde la instauración de la democracia, hace más de una década, y el establecimiento de una economía de mercado en 1985, dos son las posiciones que están enfrentadas como visiones de sociedad; mientras la universidad concibe una sociedad en proceso de transformación hacia formas de vida solidarias y participativas, sin opresores ni explotados, el gobierno trabaja por una sociedad privatizada, guiada por el interés personal y organizada dentro del principio de la competencia.

Durante estos 172 años de actividad académica y formativa profesional, la universidad ha sido centro de generación de ideales, movimientos renovadores y de transformación universitaria, cumpliendo a la vez con la misión de dotar profesionales abogados con espíritu de servicio a la Comunidad. Este siglo y medio ha significado un constante avance no sólo institucional sino también político, la institución fue consolidándose pese a las intervenciones y otros intentos por volverla a la etapa de la dependencia política e ideológica.